Jalisco.- Los diputados Gustavo Macías Zambrano, Claudia Murguía Torres y Hernán Cortés Berumen señalaron que la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe permitir la satisfacción de las personas, por lo que es necesario que las instituciones públicas y privadas hagan un cambio de hábitos y valores sociales, para proteger el medio ambiente.
El Diputado Macías Zambrano sostuvo que sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara hay 52 mil empresas que emiten algún tipo de contaminación, en el 2017 el 28 por ciento de los días fueron altamente contaminantes, y el año pasado subió al 30 por ciento.
Asimismo, hay 2 mil 500 ladrilleras sin una acción específica para atender ese problema, por lo que plantean que el Gobierno del Estado y sus dependencias se encarguen de apoyar para que se tengan filtros y regulen sus procesos de producción.
Agregó que es necesario que los gobiernos estatal y municipal actualicen su parque vehicular, ya que en la Zona Metropolitana hay más de 600 automotores que tienen más de 20 años de servicio, y es necesario renovarlos por la generación de contaminantes, junto con los demás que circulan en el estado.
Lo anterior, además de las emisiones y descargas dañinas en el río Santiago y otros embalses utilizados por las industrias, como la tequilera, para depositar linazas y el bagazo del agave, por ejemplo.
Por su parte, la Diputada Murguía Torres se refirió a los hechos catastróficos que se han dado en la región sur del estado, como en los municipios de Zapotlán El Grande, Zapotiltic y Gómez Farías, donde se presentó la contingencia ambiental por los incendios forestales, en algunos casos provocados, con fines agrícolas, así como la reciente desgracia en San Gabriel. Señaló que lo cerros han sido talados de manera indiscriminada o bien se tienen arreglos con autoridades municipales para hacer cambios de uso del suelo, causándose afectaciones.
Por tal motivo se presentó en la Oficialía de Partes del Congreso, la iniciativa para que ingrese en la próxima sesión plenaria, con el fin de que se tipifique en el Código Penal el delito de ecocidio para sancionar a quien cometa un daño, destrucción o la pérdida vasta y duradera de uno o más ecosistemas, en un territorio determinado, de tal manera que el disfrute de sus habitantes se vea gravemente limitado en el presente o en el futuro, proponiéndose que se impongan de 3 a 20 años de prisión y una multa equivalente a 42 mil y hasta 42 millones de pesos.
Además, solicitará a la Comisión Nacional Forestal que realice un estudio del impacto de la tala clandestina de árboles en la región sur del estado, y de ser necesario se presenten las denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que deslinde las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
Precisó que se requiere una estrategia integral, en los tres niveles de gobierno, para contener más daños, como los que se han presentado, que al igual que en San Gabriel pueden ocurrir en otros lugares.