México.- Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron en días pasados la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 en contra del proyecto Tren Maya, informó en un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Como efecto de la suspensión no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche.
Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general.
En un comunicado el CEMDA indicó que, ante los argumentos presentados, se espera que el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto.
Señaló que las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).
Con relación a la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat a Fonatur TM, tampoco podrán realizarse obras para dicha fase, toda vez que dentro de ésta se incluye obras nuevas en el tramo 2 de Escarcega a Calkiní, el cual, como ya se mencionó, se encuentra suspendido conforme a la decisión del Poder Judicial.
Destacó que el colectivo de personas y organizaciones que interpusieron la demanda de amparo mencionada en este comunicado, decidieron conjuntamente ejercer su derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a sus derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya.
Derivado de lo anterior hicieron un llamado al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva.
Asimismo, solicitaron a la autoridad judicial para que actúe con mayor diligencia en este caso, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales. Indicaron que existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas entre 4 y 6 meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.
Finalmente, el colectivo de personas y las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para que garanticen el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales a ejercer su labor y a actuar a fin de que cesen los ataques de los que han sido objeto por ejercer su derecho a oponersea las obras del Tren Maya, al considerar que violentan su derecho al territorio y a un medio ambiente sano.
Denunciaron que desde que se inició este proceso de defensa, los involucrados, tanto en casos individuales como colectivamente, han sido blancos de ataques, amenazas, deslegitimación y criminalización por el hecho de oponerses a este proyecto.