El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué presentó una iniciativa para que el tráfico de vida silvestre se considere como un delito sancionado por la vía penal, sin importar la especie de que se trate.
Reconoció que, a pesar de que México es conocido como un país megadiverso, cuenta con más de mil 500 especies que se clasifican en alguna categoría de riesgo; de ellas, 41 se consideran extintas en el medio silvestre.
Por ello, dijo el legislador, la pérdida de especies exige acciones urgentes para sancionar actividades que van en contra de la preservación de la biodiversidad.
Explicó que el Código Penal Federal considera como delito el tráfico de especies de flora y fauna silvestre, así como sus productos y demás recursos genéticos; sin embargo, sólo considera aquellas especies que son consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o regulados por algún tratado internacional del que México sea parte.
Esta situación, dijo, ocasiona que las especies que no están en riesgo puedan ser traficadas sin ser consideradas como un delito e, incluso, que este ilícito no sea tipificado como delincuencia organizada, a pesar de que reúna todas las características.
La reforma establece que las violaciones a los preceptos de la Ley de General de Vida Silvestre, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales que de ella se deriven, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría y penalmente por las autoridades competentes.
Además, cuando las infracciones se realicen en o afecten Áreas Naturales Protegidas, el monto de la multa se incrementará hasta en tres veces del monto original impuesto.
También plantea que se imponga una pena de dos a 10 años de prisión y por el equivalente de 500 a tres mil días de multa, a quien ilícitamente realice el traslado con fines de tráfico de algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas.
Para imponer la pena, el senador propuso que el juez considere el número de ejemplares de flora o fauna silvestre asegurados, el tipo y especie de que se trate.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos Segunda.