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Bacanuchi (México).- El 6 de agosto del 2014, la falla en una válvula de un tubo de lixiviados de la mina de Cananea provocó la pérdida de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, más de 22 mil habitantes de siete municipios se quedaron sin agua para su consumo individual y para sus actividades productivas.
Esto hecho afectó severamente a la economía regional, cuya fuente es la agricultura, ganadería, minería, turismo y los productos artesanales, actividades que decayeron a causa de la intoxicación con metales pesados.
A pesar de la catástrofe ambiental, el Gobierno federal accedió que Grupo México expandiera su explotación minera con la construcción de una nueva presa para sus residuos tóxicos, localizada a 23 kilómetros de Bacanuchi, un poblado que habitan 70 familias en el municipio de Arizpe, Sonora.
Los pobladores de esta comunidad marginada comenzaron una batalla legal contra la empresa trasnacional para evitar una nueva contingencia.
"Nos surgen muchas dudas, cuándo van a parar todo esto, estoy enterada que esta presa es muchísimo más grande, que cabe varias veces el pueblo de Bacanuchi", refirió María del Socorro Domínguez, habitante de la región.
Según el cálculo de la ONG Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una asociación civil que asesora a los afectados en los procesos legales contra Grupo México ante la Suprema Corte de Justicia en la Nación, el pueblo de Bacanuchi cabe 178 veces en la superficie de la nueva presa, lo que representa un riesgo mayúsculo para los habitantes río abajo.
"La afectación fue muy dura y real, todavía se vive, por más que digan que está limpio el río lo que dejó, la estela de impactos en la economía local, el turismo, en la comercialización de los productos locales. La relación que tiene la gente con su territorio y con el río fue devastadora, entonces creo que la afectación nos hermana", sustenta Óscar Pineda, investigador de esta ONG.
Tras el derrame tóxico calificado por autoridades y especialistas como el mayor desastre ambiental de la historia de la industria minera en México, el Gobierno federal exigió a la empresa responsable que pagara un fideicomiso por 2 mil millones de pesos (unos 103 millones de dólares al cambio actual), de los cuales solamente aportó mil 300 millones (unos 67 millones de dólares).
El compromiso para reparar los daños a las víctimas era construir un hospital para atender a más de 380 enfermos, pero la obra se abandonó inconclusa.
Además, no se construyeron las 36 plantas potabilizadoras con tecnología para descartar los metales pesados del agua y se edificó una que no ha funcionado regularmente.
Ante esto, los habitantes de Bacanuchi se organizaron para colocar una planta purificadora "para poder tener la confianza del agua" que están consumiendo, revela Rosa María Vásquez, encargada del mantenimiento de la planta.
"No quisimos pedir ayuda ni de la empresa, ni al Gobierno, aquí solo hay lo que la gente trabajó", realta.
La planta tiene una capacidad de mil 150 litros, suficientes para proveer con hasta 50 garrafones por día a las 70 familias del pueblo; quienes ahora pagan menos por el agua.
Una inspección de las autoridades ambientales en la mina detectó en 2014 unas 55 irregularidades en la operación y el manejo de sus residuos tóxicos, además de los compromisos incumplidos de reparar los daños.
Las familias lamentan que el Gobierno federal autorice que la mina de Cananea de Buenavista del Cobre tenga mayor derecho al agua que los habitantes de la cuenca del río.
"Díganle al Grupo México que se ponga a pensar tantito porque dentro de muy poco tiempo los pueblos van a desaparecer, nosotros los que estamos aquí nos vamos a morir y quién sabe, yo estoy hablando por los niños, por los niños, por nuestra gente", dijo Jesús María, habitante de la zona.
Cuando sobrevino el desastre ambiental el Gobierno se comprometió con los pobladores de que la empresa atendería a los enfermos con la construcción de un hospital y el monitoreo del agua de los pozos por 15 años.
Pero el próximo 6 de agosto, al cumplirse cinco años del derrame, cerrará sus puertas la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora.
El consorcio Grupo México asevera que ya cumplió con la compensación de los daños a las víctimas por el derrame tóxico, mientras los damnificados mantienen la esperanza de que la nueva Administración federal retome el caso que actualmente se dirime en la Suprema Corte de Justicia en la Nación.
Apenas el pasado 9 de julio, el caso tomó un nuevo impulso cuando Grupo México generó otro derrame tóxico en el Mar de Cortés, pero las autoridades ambientales no han informado sobre el impacto y las sanciones a la empresa, que desde entonces ha registrado caídas constantes en sus acciones en la bolsa mexicana.