Río de Janeiro.- La gestión del Gobierno de Jair Bolsonaro en 2021 profundizó las desigualdades en Brasil, disparó la violencia policial e impulsó los riesgos para la Amazonía y las comunidades indígenas del país, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
De acuerdo con la organización defensora de los derechos humanos, el "negacionismo" del líder ultraderechista frente a la covid-19 hizo que aumentaran el hambre y la brecha social en el país, mientras que el favorecimiento que dio a acciones que promueven la deforestación, como la minería, empeoraron el impacto de la crisis climática, una problemática que amenaza a la selva tropical más extensa del planeta y a las poblaciones originarias que la habitan.
En el informe, AI recordó cómo el Gobierno dejó a un lado las evidencias científicas, criticó las medidas de confinamiento social e impulsó el uso de medicamentos no aptos para la covid-19, mientras que en los hospitales del país faltaban camas para los pacientes afectados y en regiones como el estado de Amazonas decenas de personas morían asfixiadas por la falta de oxígeno.
"El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió a la pandemia de la covid-19 con una mezcla de negacionismo, negligencia, oportunismo y desprecio por los derechos humanos", señala el informe.
La organización igualmente destacó que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales fueron altamente violentados por el actual Gobierno por la falta de controles para evitar la invasión de sus tierras y la deforestación causada, en buena parte, por el garimpo (minería artesanal ilegal), el agronegocio y el comercio ilícito de madera.
"Al alentar la deforestación y la extracción de recursos naturales en la Amazonía, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, agravó el impacto de la crisis climática en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y dejó un legado de destrucción ambiental", dijo AI.
En cuanto a las medidas de seguridad del Estado, el informe hace énfasis en el aumento de la violencia policial, sobre todo en operaciones de la fuerza pública en Río de Janeiro, donde solo una acción de este tipo dejó una treintena de muertos en la favela de Jacarezinho, operación en la que según imágenes e investigaciones preliminares hubo "ejecuciones sumarias y manipulación de pruebas en los lugares de los hechos".
Aunque todavía no ha culminado la investigación de ese caso, Amnistía Internacional advirtió para que no quede en la impunidad y recordó un caso de 1994 que terminó siendo juzgado 27 años después y "por falta de pruebas", el veredicto final fue la absolución de cinco agentes acusados de matar a 13 personas en una de estas operaciones.
El informe también mencionó otras problemáticas como el desempleo y la falta de acceso a la educación por parte de los más pobres, las muertes de defensores de derechos humanos, el aumento de la discriminación (racial, de género y social), y los asesinatos y las agresiones físicas contra personas LGTBI+.