La diputada Julieta Mejía Ibáñez propuso reformar la Ley General de Cambio Climático, con el objetivo de incorporar en la legislación la definición de empleos verdes, así como impulsar y fomentar su creación.
La iniciativa analizada en la Comisión de Cambo Climático, que adiciona una fracción XVII al artículo 3º, cita: “empleos verdes son puestos de trabajo que contribuyen a la conservación, restauración y mejora de la calidad del medio ambiente en cualquier sector económico, reduciendo el impacto ambiental de las empresas y de los sectores económicos”.
Asimismo, “aumentan la eficiencia del consumo de energía, materias primas y agua, descarbonizan la economía y reducen la emisión de gases de efecto invernadero, minimizando o evitando cualquier forma de residuo y contaminación; restauran los ecosistemas y la biodiversidad, y permiten adaptarse al cambio climático”.
Además, agrega la fracción XXI Bis al artículo 7° para estipular entre las atribuciones de la Federación está la de “impulsar la creación y el fomento de empleos verdes”.
La legisladora expuso que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estos empleos generan un producto o servicio relacionado con el medio ambiente, ya sea de conservación de la naturaleza o de control de la contaminación, lo que hace más sustentable cualquier proceso productivo.
Puntualizó que los empleos verdes son importantes porque indican la transformación de un país o ciudad hacia el desarrollo sustentable; además, modifican los entornos laborales y crean mejores puestos de trabajo, por lo que impulsar una agenda de este tipo de empleos es proponer soluciones y gestionar una transición justa hacia economías verdes.
Mencionó que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se señala que los empleos verdes son cruciales para responder a los desafíos mundiales de protección del medio ambiente, del desarrollo económico y la inclusión social, ya que están alienados a los objetivos de trabajo decente y de ciudades resilientes.
Mejía Ibáñez observó que es indispensable consolidar una política pública de empleos verdes para generar nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y creación de trabajo sustentables.
Consideró que los desafíos ambiental y social están estrechamente relacionados y no podría abordarse uno sin el otro, pues hay una relación causal del cambio climático sobre el bienestar. Advirtió que, de no actuar oportunamente, será cada vez más difícil hablar de justicia social; por ello, impulsar una política de empleos verdes permitirá analizar estos retos de forma simultánea.
Recordó que en los acuerdos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se establece la sugerencia de una transición a una economía más verde.