A fin de que los tiraderos clandestinos o a cielo abierto se incluyan en las acciones inmediatas de remediación de suelos y erradicación de residuos, y así prevenir o reducir los riesgos inminentes a la salud y al ambiente, el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa impulsa una iniciativa.
El documento, que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, también propone establecer como facultades de las entidades federativas elaborar de manera coordinada con la Federación programas en materia de remediación de suelos y erradicación de residuos de los tiraderos clandestinos o a cielo abierto.
Detalla que cuando estos se encuentren dentro de un área natural protegida, en un terreno forestal o en una zona con algún régimen de protección ambiental federal, la entidad federativa respectiva se coordinará con la Federación para implementar las acciones necesarias para su remediación.
Murat Hinojosa argumenta que los tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios son una parte importante del problema ambiental, pero con frecuencia son ignorados en la gestión pública. No son simplemente depósitos, sino el último eslabón de la cadena de gestión de los desechos y tienen un impacto duradero y profundo en el medio ambiente y la salud pública, ya que contravienen las disposiciones normativas en materia de gestión integral de residuos.
Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aproximadamente el 90 por ciento de los dos mil 338 sitios de disposición final en el país, no cumplen con las especificaciones de protección ambiental establecidas en la Norma Oficial 083-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
De la misma forma, el 89.8 por ciento no cuenta con un sistema de control de biogás que se produce como resultado de la biodegradación, y el 84.26 por ciento carece de un proceso de captación y concentración de lixiviados.
También, el 50.89 por ciento tiene un proceso de compactación y cubrimiento de desechos con tierra, mientras que el 72.11 por ciento le hace falta un método de impermeabilización para evitar que los contaminantes se filtren al subsuelo.
El legislador considera urgente adoptar acciones efectivas para eliminar y prevenir la proliferación de vertederos ilegales; por ello, es importante que las entidades federativas asuman la responsabilidad de manejar, eliminar y remediar los desechos encontrados en tiraderos clandestinos, debido a su naturaleza y riesgo, incluidos los desechos que requieren un manejo especial y los peligrosos.
Expone que, de acuerdo con datos del 2020 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en México se generan cerca de 42 millones de toneladas de basura al año, lo que significa que diariamente se producen 120 mil toneladas de desechos sólidos urbanos. El 87 por ciento de los cuales se deposita en tiraderos a cielo abierto y solo el 13 por ciento en rellenos sanitarios.
Argumenta que es preocupante que los vertederos no regulados, generalmente, contengan no solo residuos urbanos, sino de manejo especial e incluso peligrosos, como pueden ser pilas, neumáticos, aparatos eléctricos, jeringas, medicinas, residuos de fabricantes de vehículos automotores, así como plásticos, vidrios, y cartón, los cuales amenazan la integridad de la fauna y flora, así como hábitats, ecosistemas completos, suelo y mantos acuíferos.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, puntualiza que de esta manera no solo se muestra una crisis en la gestión de desechos, también se revela una profunda falta de conciencia y responsabilidad en cuanto al reciclaje, disposición de residuos y la sostenibilidad.