Madrid.- La ONU “debería crear una corte internacional de justicia ambiental que fuera vinculante”, así como incluir “el derecho a un entorno ambientalmente sano” dentro de la carta de las Naciones Unidas, como bases de la futura gobernanza y democracia climáticas.
Aquellos que cometen ecocidio, ya sean presidentes o corporaciones, no cargan con ninguna responsabilidad
Estas son las dos grandes demandas del Centro de Investigación Constitucional para las Naciones Unidas (CUNCR por sus siglas en inglés), un “think tank”, con sede en Bruselas, que centra sus investigaciones en la Carta de las Naciones Unidas para “legitimar la gobernanza global y afirmar los derechos globales de los pueblos".
“Aquellos que cometen ecocidio, ya sean presidentes o corporaciones, no cargan con ninguna responsabilidad” asegura el presidente del CUNCR, Shahr-Yar Sharei, por lo que esta corte internacional de justicia ambiental debería tener la competencia de enjuiciar a “personas jurídicas, individuos, corporaciones y actores no estatales responsables de delitos contra el medio ambiente”.
Es necesario proteger a las personas de los daños ambientales
“Actualmente, si ocurre un desastre medioambiental provocado por el hombre, como un derrame de petróleo, no existe una corte que puede proteger a las personas contra este daño, se suelen utilizar derechos colaterales o no se encuentra culpable y nadie paga por lo ocurrido”, explica la responsable de Comunicaciones y Relaciones Externas del CUNCR, Blanca Trepat.
Por esto, “si hay un ataque contra el medioambiente, lo mínimo es que se pueda acudir a una corte que pueda proteger a las personas y encontrar al culpable y sancionar con medidas financieras”, considera Trepat.
Las cortes que existen ahora tienen competencia nacional y no son vinculantes, por lo que nadie se ve obligado a cumplirlo; además "los gobiernos nacionales tendrían que ceder parte de su competencia, lo que supondría un reto, pero, a la vez, el medioambiente es un tema global que nos concierne a todos y no significaría una pérdida si de verdad la sostenibilidad es una prioridad para los países”, concluye Trepat.
A través de esta corte de justicia medioambiental “se podría enjuiciar a Brasil, por ejemplo, y hacerles pagar por la destrucción ambiental con medidas financieras, dinero con el que se podría ayudar a restablecer los ecosistemas”, así como también se podría “castigar a las grandes empresas, especialmente las petroleras, y que paguen por lo producido”, asegura Trepat.
Democratizar las Naciones Unidas
Los grandes contaminadores vienen a dictar sus reclamos, y así no conseguiremos un medio ambiente sostenible
Por otra parte, también reivindican la creación de un parlamento dentro de la ONU que pueda “democratizar” la institución, ya que, actualmente, hay 5 países que tienen poder de veto -Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, China y Rusia-, por lo que siempre pueden “frenar cualquier medida medioambiental, siendo ellos precisamente los que más contaminan”, lamenta Trepat.
“Los grandes contaminadores vienen a dictar sus reclamos, y así no conseguiremos un medio ambiente sostenible”, asegura Sharei, “necesitamos la participación de la gente en la toma de decisiones, y esto solo sería posible si hubiera un parlamento de la ONU.
Se trata de tener una representación directa que llevaría a obtener compromisos internacionales, no contribuciones como hasta ahora voluntarias, mientras que el sistema judicial ICE (Tribunal Internacional para el Medio Ambiente por sus siglas en inglés) haría seguimiento de su cumplimiento".
Gracias a estas iniciativas, “se pueden introducir medidas más ambiciosas, que se puedan implementar teniendo en cuenta a los ciudadanos y que estos formen parte del proceso de toma de decisiones, ya que actualmente solo están representados en la ONU los jefes de Estado, no los ciudadanos”, concluye el presidente del CUNCR.
Para introducir estas competencias, se tendría que revisar la carta de Naciones Unidas, ya que “cuando se estableció en 1945, el artículo 109.3, lo que se conoce como ‘la promesa de San Francisco’, especificaba que se tenía que revisar 10 años después para democratizarla y hacerla más representativa, pero esa revisión nunca tuvo lugar”, denuncia Trepat.