México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la participación de la ciudadanía es un elemento clave para garantizar los objetivos de la Agenda de Transición Ambiental, a fin de que su cumplimento sea acorde a las verdaderas necesidades de la población y su entorno.
El séptimo eje de esta agenda plantea la “Transición ciudadana, justicia y gobernanza ambiental”, y consiste en la ciudadanización y territorialización de la política pública que garantice la participación activa de la población en la toma de decisiones y acciones en la materia.
En torno a este eje, Medio Ambiente impulsa mecanismos emergentes de participación, así como un diálogo social que permita la construcción de acuerdos, además de definir regiones con el propósito de facilitar una participación efectiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental.
En este sentido, la dependencia señaló que la actual administración federal tiene presente que la relación gobierno-sociedad se sustenta en la participación activa, informada e incluyente de la ciudadanía en situaciones que afectan sus modos y lugares de vida.
De acuerdo con la agenda ambiental esta relación se orienta a integrar propuestas y decisiones ciudadanas colectivas en los actos del gobierno.
De esta manera, la sociedad reconoce la lucha de quienes defienden el medio ambiente y la naturaleza, y los protege. Asegura también el acceso igualitario y una distribución equitativa de los beneficios del uso de los recursos naturales.
Además, mediante este esquema se brinda protección y seguridad a los defensores ambientales, y la ciudadanía tiene acceso a la justicia en materia de medio ambiente, considerando las necesidades y condiciones particulares de personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
Todo lo anterior se expresa en las seis estrategias para impulsar la Agenda de Transición Ambiental, que incluye la articulación de acciones entre el sector ambiental y los gobiernos federal, estatales y municipales, y se fomentan alianzas con el sector productivo, la sociedad civil, la academia, los movimientos sociales y el Poder Legislativo.
Además, se plantea focalizar la intervención programática de acciones de acuerdo con las prioridades territoriales, además de considerar a los sectores de población rural e indígena y en situación de pobreza.