Río de Janeiro.- Policías y miembros de las oficinas de aduana de una decena de países comenzaron este martes en Manaos, la capital del estado de Amazonas, una capacitación para evitar el comercio ilegal de madera desde Brasil.
Hasta el viernes, los representantes de Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Rusia y Venezuela, aprenderán sobre técnicas de identificación de documentos y especies y realizarán prácticas de inspección en la selva brasileña.
El objetivo del curso, liderado por la Policía Federal de Brasil, es fortalecer las acciones de fiscalización en puertos brasileños y extranjeros para la inspección de madera procedente del gigante suramericano.
La idea es que las autoridades de estos países conozcan de cerca los detalles de la madera que es legalmente exportada desde Brasil hacia esas y otras naciones, para evitar la comercialización ilegal del producto y ayudar a frenar la deforestación de la selva.
La tala ilícita de árboles en la Amazonía brasileña es uno de los principales causantes de la creciente deforestación que vive la selva, también arrasados por la minería ilegal y los incendios.
Según fuentes oficiales, el 99% de la madera comercializada por Brasil es extraída ilegalmente de la Amazonía, una problemática ocasionada por las corruptelas que existen en las entidades públicas y la falta de controles por parte de las autoridades responsables.
Con más de 13 mil kilómetros cuadrados de vegetación nativa devastada, la deforestación en la más extensa selva tropical del planeta en 2021 fue la mayor de los últimos 15 años.
La devastación de la selva, que ha tenido los más altos índices durante el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro —que llegó al poder el 1 de enero de 2019—, es un hecho que las asociaciones ecologistas atribuyen a la falta de voluntad del líder ultraderechista para combatir este delito.
Según un reciente informe del Observatorio del Clima, una red que reúne a más de 70 organizaciones entre las que figuran Greenpeace y WWF, pese a tener más de 219 millones de reales (41 millones de dólares) para combatir los crímenes ambientales el año pasado, la Administración de Bolsonaro solo utilizó el 41% de los recursos, mientras que en Gobiernos anteriores se acostumbraba a liquidar entre el 86 % y el 92% de los dineros destinados para los controles.