Río de Janeiro.- El Gobierno de Brasil anunció que iniciará una operación especial con más de mil 200 agentes de diversas fuerzas públicas de seguridad y de otras entidades ambientales contra la deforestación en la Amazonía brasileña.
Coordinada por los Ministerios de Medio Ambiente, de Justicia y Seguridad Pública, la Operación Guardianes del Bioma, enfocada en frenar la deforestación, busca combatir los crímenes ambientales que contribuyen con la devastación de la más extensa selva tropical del planeta.
Durante un evento en Brasilia, el ministro del Medio Ambiente, Joaquim Leite, explicó que el personal que hará parte de la acción será distribuido en diez bases operativas y añadió que los patrullajes en el sur del estado de Amazonas y en Pará -este último el más afectado de la selva brasileña por la devastación- serán reforzados.
Para ello, se movilizarán mil 200 agentes y funcionarios de las policías Federal y de Carreteras; de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) y del Instituto Chico Méndes (ICMBio), que contarán con el apoyo de los organismos regionales de seguridad de los estados.
El operativo anunciado combatirá exclusivamente crímenes ambientales que promuevan la deforestación, como la minería ilegal y el comercio ilícito de madera, y es un capítulo aparte de los Guardianes del Bioma enviados el año pasado para enfrentar los incendios en el Pantanal, el Cerrado y la Amazonía, los cuales volverán este año a esos ecosistemas para cumplir con ese mismo objetivo.
Con más de 13 mil kilómetros cuadrados de vegetación nativa devastada, la deforestación en la más extensa selva tropical del planeta en 2021 fue la mayor de los últimos 15 años.
La devastación de la selva, que ha tenido los más altos índices durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, es atribuida por las asociaciones ecologistas a la falta de voluntad del líder ultraderechista para combatir este delito.
Desde que asumió como jefe de Estado en Brasil, el 1 de enero de 2019, Bolsonaro ha defendido la explotación económica de la Amazonía y ha flexibilizado las medidas de control y fiscalización de actividades prohibidas como la tala de árboles y la minería ilícita en la mayor selva tropical del planeta.