México.- Con el objetivo de proteger, preservar y salvaguardar lugares y sitios sagrados, así como rutas de peregrinación de pueblos indígenas, en la Secretaría de Gobernación (Segob) se instaló con carácter permanente la comisión presidencial que se encargará de la coordinación de las tareas en la materia. Entre ellas, el decreto establece que sus territorios no podrán ser objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería u otras industrias que los afecten o deterioren.
El pasado 9 de agosto, el Ejecutivo federal firmó el decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas wixárika, náayeri, o'dam o au'dam y mexikan, el cual marca un precedente en la historia de México al reconocer el derecho a utilizar sus tierras para realizar rituales y ceremonias tradicionales y poner alto a las agresiones e invasiones de externos.
La instalación de la comisión presidencial que cumple la demanda histórica de los pueblos indígenas y reafirma la convicción de este gobierno estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, junto con las secretarias de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; y la titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de Segob, Josefina Bravo Rangel.
La encargada de la política interna del país, en su calidad de presidenta de la comisión, afirmó que lo que se está haciendo no sólo es resarcir los daños del pasado, sino construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos y la naturaleza. Estamos construyendo una nueva modernidad y un modelo de vida para las próximas generaciones.
Este decreto –subrayó– no solamente hace un llamado a las autoridades a respetar y a promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural, sino que enuncia de manera muy clara y específica que estos territorios no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería, con las industrias que afecten el equilibrio ecológico y que tanto empresas nacionales como extranjeras muchas veces vinieron a destruir. “Así que hoy es un momento importantísimo y hoy nuestra tarea será cumplir y hacer cumplir este decreto que no expresa más que la voluntad milenaria de los pueblos y el anhelo de justicia”.
Destacó que uno de los compromisos prioritarios del presidente López Obrador fue atender los derechos de los pueblos indígenas, por lo que, a través de diferentes acciones a lo largo de estos cinco años, el Gobierno de México avanza:
“Esta acción marca un hito fundamental en la relación entre el gobierno, seres humanos y naturaleza, porque no hay aspecto de mayor disputa política, simbólica, espiritual, que el propio territorio.”
El director general del INPI y secretario técnico de la comisión, Adelfo Regino Montes, puntualizó que es la primera vez que se establece la obligación de todas las autoridades de promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural, así como el medio ambiente de los lugares sagrados.
Los lugares sagrados y rutas de peregrinación, recalcó, “no serán sujetos de concesiones o permisos relacionados con la minería, esto lo establece la reciente reforma a la Ley Minera que fue aprobada por el Honorable Congreso de la Unión y fue una iniciativa enviada por el presidente de México y establece la misma obligación para todas las industrias que pudieran afectar o deteriorar estos sitios sagrados”.
Los cinco lugares sagrados son Tatei Haramara, en la Isla del Rey, San Blas, Nayarit; Hauxa Manaka, en San Bernardino de Milpillas Chico, municipio de Pueblo Nuevo, Durango; Xapawiyemeta, en la Isla de los Alacranes, Lago de Chapala, Jalisco; Te’ekata, en Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco; y Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí.
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en su calidad de integrante de la comisión, manifestó que el gobierno del presidente López Obrador “no ha tenido miedo ni ha cejado un segundo en reconocer lo que somos como país y en fortalecer todo aquello que, por racismo, clasismo, por individualismo, por capitalismo desenfrenado, por creer que lo más importante es el bien de unos pocos, es el negocio de unos cuantos; sobre el bien común eso había que cambiarlo de raíz”.
Indicó que con este decreto histórico desde la dependencia que encabeza, a través de cuatro Semilleros Creativos, se podrán preservar las lenguas con todas sus variantes, la medicina tradicional, cultura alimentaria, arte y música.
También como integrante de la comisión, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, señaló que durante el gobierno del presidente López Obrador se han hecho varios decretos y llevado a cabo acciones legales que buscan beneficiar a los pueblos indígenas, como el que prohíbe la siembra del maíz transgénico y el uso del glifosato, ya que se trata de una planta sagrada que permite tener una conexión cultural directamente con la madre tierra.
Asimismo, se refirió al impulso de las reformas a la Ley Minera, que establecen puntualmente que no se permite minería a cielo abierto en Áreas Naturales Protegidas (ANP) ni en fondos marinos. Comentó que, por instrucción del Ejecutivo federal, en esta administración no se han entregado concesiones para hacer minería a cielo abierto y la Semarnat cuida que no se lleven a cabo estas prácticas fuera de la normatividad.
Durante la instalación en el salón Revolución se presentó a la titular de la CDPIM, Josefina Bravo Rangel, como suplente de la presidencia, y al coordinador general de Patrimonio Cultural y Educación Indígena del INPI, Gustavo Torres Cisneros, como suplente en la secretaría técnica de la comisión.
La representante del pueblo o'dam, Virginia Flores Flores, reconoció el apoyo del presidente de la República y su equipo de trabajo, con el cual los pueblos indígenas se sienten respaldados y visibilizados. Acentuó que con este decreto se da un paso sin precedente por la certeza jurídica, no sólo para las generaciones actuales. sino para las futuras.
El representante del pueblo wixárika, Rafael Torres Pinedo, dijo que los lugares sagrados son la esencia de la vida, sabiduría y legado de los ancestros que se siguen conservando a través de ceremonias, ofrendas y peregrinaciones. Apuntó que para su pueblo la firma del decreto es un hecho histórico porque se reconoce legalmente a los lugares sagrados: “una demanda de décadas”.
Del pueblo mexikan, la representante Eleuteria Campos Juárez resaltó que ningún presidente había firmado un decreto para preservar los lugares y sitios sagrados, y señaló que ahora corresponde a las madres y los padres de familia de los pueblos indígenas inculcar a las nuevas generaciones las tradiciones y costumbres.
Igualmente, el representante del pueblo náayeri, Feliciano Díaz Valentín, solicitó a los tres órdenes de gobierno cumplir con el decreto que nació como un plan de justicia y reconoció el trabajo de las autoridades por cumplir su deber para respetar y garantizar la cultura y creencias.
También estuvieron presentes como representantes de las dependencias integrantes de la comisión presidencial, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo Ortiz; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández; y el subprocurador general de la Procuraduría Agraria, Alejandro Chanes Ortiz.
Asimismo, la jefa de Oficina de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Mayela Godínez Alarcón; y el coordinador de Documentación de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, Abelardo Rodríguez Desales.
Como invitados asistieron: el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación (SEP), Luciano Concheiro Bórquez; las presidentas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales Reza; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Graciela Márquez Colín.