El modelo extractivista que se aplica en América Latina ejerce una fuerte violencia de género que afecta a las mujeres por las restricciones y modificaciones en los procesos de vida locales, así como por las formas de acumulación capitalista del territorio, afirmó la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el "Conversatorio Nuevos enfoques: economía ecológica y cambio climático", la especialista explicó que por la violencia extractiva en las dos últimas décadas han sido asesinados mil 280 activistas ambientales en América Latina, lo que representa 66 por ciento de actos criminales en el mundo por proyectos de explotación de agua, minerales, bosques u otras industrias.
“En nuestro continente, por acciones de militarización y muertes de ambientalistas, Brasil, Colombia y Perú ocupan los tres primeros lugares, pero la violencia contra los defensores ambientales también sucede en México –que se ubica en el cuarto lugar– seguido por Honduras, Guatemala, Nicaragua y Guatemala”.
El número de mujeres activistas que defiende el territorio es menor que el de hombres debido a la estigmatización por participar en actos de defensa, además de que enfrentan sucesos de violencia sexual y no cuentan con respaldo institucional y colectivo para ocupar posiciones de mando.
“Ellas se han convertido en el sostén comunitario ante la degradación del entorno natural, como en el caso de Río Marañón, Perú, donde la construcción de un oleoducto ha generado tensiones y agresiones contra las comunidades de la región, o en el caso de Cherán, México, localidad donde la población femenina ha tenido una participación importante en la lucha en la defensa de sus bosques y en la expulsión de las empresas talamontes”, agregó.
Sin duda, el extractivismo propicia una degradación de los ecosistemas y la defensa de la naturaleza en América Latina es muy peligroso para proteger el territorio, agravada por la corrupción institucional, que ocasiona que las comunidades indígenas –principalmente las mujeres– sean las más afectadas por este tipo de actividades.
La presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica caracterizó la economía ecológica en América Latina como un proyecto teórico que busca promover el estudio del metabolismo social y se enfoca en los intercambios energéticos entre la naturaleza y la sociedad desde una mirada regional.
“Esta rama es un legado colectivo científico, transdiciplinaria y carente de jerarquías y nadie tiene la última palabra, además que no trata de buscar la eficiencia productiva para satisfacer las necesidades humanas a costa de una crisis ecológica como la que estamos viviendo; por el contario, busca la supervivencia colectiva incluyendo a la naturaleza”.
El extractivismo en la región se manifiesta como el aprovechamiento de los bienes naturales mediante la sustracción y obtención a través de procesos industrializados de gran intensidad para comercializarlos en el mercado internacional sin el interés de cubrir las necesidades básicas de las comunidades donde explotan los recursos.
Además, “en su mayoría los trabajadores de esas industrias devengan un salario mísero, ganan lo mismo o menos que sus iguales de otros sectores, y comparado con los salarios de sus pares en países europeos, Canadá o Estados Unidos es significativamente inferior”.
Las industrias extractivas usan químicos y procesos productivos muy destructivos que inutilizan los territorios, explotación que provoca el rechazo de la población, pero sus políticas y apropiación de recursos son impuestas con violencia.
El doctor José Carlos Silva, presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica (SAEE) de Perú, refirió que el ecologismo ambiental, que hace 30 años cobró fuerza, muestra lo que está ocurriendo con la gran aceleración de las actividades humanas que se acompaña con cambios en el planeta como la pérdida de la biodiversidad.
“Los cambios vertiginosos iniciaron con la actividad febril a partir de la Revolución Industrial por el uso de energía de origen fósil como el carbón, aceites, gasolinas, este patrón energético es muy complicado sustituirlo en la actualidad”, precisó el investigador.
Silva señaló que el metabolismo social es otro concepto para entender los cambios a partir de la gran aceleración, entendido como un sistema abierto a la entrada de materia y energía y la salida de residuos. En ese sentido, la economía no es circular sino entrópica, pues al quemar energía fósil ya no se puede regresar a su estado inicial.
El doctor Guillermo Peinado, presidente de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica, enfatizó que la deuda externa argentina se incrementó en el periodo neoliberal.
En su análisis, el investigador convirtió la deuda en hectáreas de cultivo y con esos datos se comprobó que aquella nación tiene una capacidad superior al monto de la deuda; esto es, que el país austral tiene un superávit ecológico, contrario a lo que sucede en el mundo donde la relación es inversa porque la deuda se tasa en términos monetarios.
“En esa novedosa perspectiva de ponderar el factor ecológico, Argentina es un acreedor ecológico, pero deudor monetario que se expresa en deuda externa tasada en miles de millones de dólares. Así, el intercambio ecológico desigual significa que exporta productos con un gran agregado de bienes naturales frente a importaciones de productos con menor contenido natural”, concluyó.
El Conversatorio Nuevos enfoques: economía ecológica y cambio climático fue convocado por la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, y las universidades Nacional de Quilmes y Nacional de Jujuy.