La mayoría de las personas que migran en el planeta lo hacen por razones ambientales; la situación es grave y no existe una regulación específica para tratar a esos desplazados, afirmaron expertos de la UNAM al participar en el conversatorio Desplazados medioambientales, que se realizó dentro de las actividades de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, que este año lleva por tema Las fronteras del Medio Ambiente.
Distintos organismos alertan que en 2050 más de 200 millones de personas se podrían ver obligadas a trasladarse dentro de su país o cruzar fronteras por motivos climáticos; incluso se advierte que durante la próxima década podrían surgir puntos críticos de migración por causas medioambientales.
Ursula Oswald Spring, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, mencionó que existen eventos naturales los cuales, junto con fenómenos inducidos por la sociedad y condiciones preexistentes, provocan muertes y daños a la población más vulnerable.
En 2020, por ejemplo, vimos que con 28 huracanes se generó un dilema de supervivencia para numerosa gente, la cual no tuvo más remedio que salir de sus lugares de origen para tener acceso a alimentos, agua y algún ingreso.
La sequía puede durar uno o dos años, pero al tercero no hay más semilla y solo queda abandonar los sitios; lo mismo ocurre con fenómenos repentinos como huracanes e inundaciones, que obligan a la población a cambiar de condiciones. “De acuerdo con las características personales y familiares, se decide quién se queda, quién se va, cómo se organiza la migración, etcétera”.
Los procesos de desastre son transversales y deberían tomar en cuenta el tema de género, tanto en el aspecto preventivo como en la creación de resiliencia, planeación y garante de los derechos. La equidad de género, sustentabilidad y derechos humanos en las políticas públicas reducen las vulnerabilidades y mejoran la adaptación a los planes de contingencia.
En contraste, añadió Oswald Spring, la pobreza aumenta los riesgos. La población indígena, por ejemplo, sufre más por falta de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia, y son las desplazadas de ese sector quienes llegan a padecer una quíntuple discriminación por ser mujeres, indígenas, pobres, jóvenes y migrantes. “Ahí tenemos un problema muy serio”.
Para Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), hay una tragedia detrás de esas personas: en su mayoría son pobres y enfrentan con mayor crudeza las modificaciones a sus territorios, debido a las transformaciones climáticas cada vez más acentuadas, que provocan tormentas, huracanes, crecidas de ríos o desgajamientos de montañas, “la situación es cada vez más grave”.
La economía que devora a la naturaleza genera la situación que hoy enfrentamos, provocada por aquellos interesados en hacer avanzar las fronteras extractivas sobre territorios que antes no estaban identificados por el radar del capital y que contribuyen a la destrucción del planeta mediante la deforestación, la megaminería tóxica, entre otros. Esos actores capturan territorios y los vuelven inhabitables. México, por ejemplo, es el quinto país con mayor deforestación del mundo.
Eso mismo sucede en el Derecho con el constitucionalismo hegemónico y su visión acrítica de las garantías fundamentales, que aporta estabilidad al modelo económico prevaleciente el principal responsable de la destrucción de la naturaleza, del calentamiento global y, por lo tanto, de los desplazados ambientales, abundó el jurista.
Ante eso hay que construir y defender modelos alternativos a ese constitucionalismo, “que se armen con el saber y las vivencias de los desplazados, con una mirada desde abajo”.
Hay que romper el horizonte estable que propone la perspectiva liberal, individualista en el campo de lo jurídico y de las prerrogativas inalienables, y avanzar hacia propuestas que permitan una defensa efectiva de lo colectivo, de nuestros bienes comunes, de los derechos de la naturaleza, rompiendo la estructura tradicional de los derechos humanos que no nos permite ver más allá, ni defender lo que es urgente, sentenció.
Rosalía Ibarra Sarlat, también del IIJ, aclaró que no se les puede llamar desplazados ni migrantes. Esas personas no están jurídicamente reconocidas; “no se les pueden llamar refugiados porque no encajan en la Convención de Ginebra, ni migrantes porque esa condición implicaría un retorno, pero los desplazados de una isla que va a desaparecer por el aumento del nivel del mar no podrán hacerlo”.
La especialista explicó que tampoco es lo mismo el desplazado ambiental que el climático. El primero es por razones de un accidente industrial, algún fenómeno geológico, como una erupción, la contaminación de un río, etcétera. En el climático las causas son particulares: elevación del nivel del mar, deshielo, sequía y otras directamente relacionada con el calentamiento global y sus consecuencias.
Sin embargo, no existe regulación específica para esas personas. En el ámbito interno hay más elementos jurídicos para obligar a los Estados a atender el problema jurídica y políticamente hablando, pero a escala internacional no hay una convención en concreto y es indispensable contar con ella, precisó la académica.
Hay que resolver la problemática de mitigación; es decir, contribuir a que los gases de efecto invernadero disminuyan, porque esa es la causa del desplazamiento; trabajar con la gestión integral del riesgo para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia; preparar a las poblaciones y ejecutar planes nacionales de emergencia, entre otras acciones.
La sesión, realizada en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, estuvo moderada por Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.