México.- América Latina tiene una vulnerabilidad moderada ante el cambio climático respecto del agua potable, si bien el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se refiere a la dotación de líquido y saneamiento ubica a la región en un bajo índice de cumplimiento, señaló la doctora Diana Constanza Restrepo-Ochoa.
Durante la VI Conferencia Latinoamericana de Saneamiento LATINOSAN Bolivia 2022, coorganizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a través del Museo Gota de Agua, la profesora del Departamento de Finanzas de la Universidad EAFIT de Colombia refirió que se estima que en países en vías de desarrollo “para adaptarnos al cambio climático se necesitan 300 mil millones de dólares para 2030 y para 26 naciones de la región se requerirán entre 45 a 76 mil millones de dólares sólo para atender el tema del agua”.
El manejo de 30 por ciento del recurso de la región está mal regulado por lo que es necesario mejorar los esquemas de conducción del vital líquido. Frente a ese escenario propuso el uso de bonos temáticos, que son instrumentos de deuda que emiten empresas, gobiernos o entidades supranacionales, pero la diferencia con los convencionales es que el empleo y destino de los recursos está ligado a proyectos concretos.
Las necesidades de financiación para las naciones latinoamericanas son altas, razón por la cual se debe incorporar al sector privado, particularmente el financiero, “para la emisión de esos bonos para atender los rubros de adaptación hídrica de la región”, sostuvo la especialista.
El doctor Leonardo Stanley, investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina, alertó que más de cuatro mil millones de personas padecerán de escasez de agua, debido al incremento de la temperatura promedio de la tierra.
En este panorama, Chile se encuentra entre los diez países más vulnerables por el cambio climático y sufre una sequía extrema desde 2007, en tanto que en Brasil las inundaciones afectaron a más de un millón de personas.
El especialista dijo que los sucesos climáticos devienen en más severos como sequías prolongadas, glaciares que desaparecen, deshielos anticipados y pérdidas del permafrost, lo cual exacerbará las desigualdades sociales.
El manejo de cuencas se ha vuelto complicado y ha generado dificultades entre los países y regiones y se han convertido en espacios de poder y por estos factores “nos acercamos al punto de quiebre en el tema climático, la emergencia bioclimática y de la diversidad biológica”, reconoció.
Por tanto, “debemos fortalecer nuestros sistemas hídricos y los hacedores de políticas ambientales deben modificar procesos por el deterioro creciente”.
En la actualidad “estamos llegando a un punto sin retorno; por ello, las definiciones de eficiencia nos pueden llevar a decisiones equivocadas, en tal caso debemos aplicar sistemas resilientes que demandan importantes recursos económicos para su diseño, así como emplear un cambio epistemológico sobre el tema ambiental para ir a sistemas e infraestructuras que consideren los puntos críticos y el principio precautorio climático”.
El doctor Pablo Ramiro Chafla Martínez, académico de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explicó que como consecuencia de la COVID-19 en 2020 la economía de esa nación cayó siete por ciento y el año pasado se recuperó apenas en cuatro por ciento.
Respecto de la dotación del bien a la población en la Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento serán necesarios siete mil 331 millones de dólares hasta 2024.
En el tema de agua segura para la población, en 2019 se reportó que 67.8 por ciento cuenta con el vital líquido, pero el resto no tiene garantizado el servicio para una vida digna, en tanto que 90.7 por ciento de la población tiene acceso a esquemas de cierto nivel de sanidad, aunque en las zonas rurales 6.4 por ciento de la gente todavía defeca al aire libre.
A nivel regional, Ecuador se encuentra en el promedio en relación con la dotación de agua segura, pues ronda 80 por ciento; sin embargo, a partir de 2020 se reporta una caída en el servicio debido a la pandemia, “tendencia que se mantendrá en los años siguientes, por lo que el reto es revertir este problema, aunque se requieren mayores recursos para invertir”.
Los objetivos no se están cumpliendo para que la población tenga agua potable para el año 2030, “si bien hasta ahora se han invertido mil millones de dólares de los más de siete mil que se habían proyectado en los planes gubernamentales”, indicó el investigador, además que el panorama se complica por la crisis económica profundizada por la emergencia sanitaria.
“En el Ecuador el agua y el saneamiento se han declarado como un derecho humano que debe garantizar el gobierno, pero para hacer realidad estos preceptos se debe formar una alianza público privado para mejorar la dotación, una alternativa es brindar concesiones del servicio sin cambiar la titularidad del recurso hídrico”, reconoció.
El doctor Oscar Melo Contreras, profesor del Departamento de Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, identificó dos tipos de medidas de adaptación frente a los eventos climáticos extremos: obras estructurales en los embalses, grandes canales, reúso del líquido y medidas financieras, entre las que destacó los seguros, campañas de ahorro y uso de mercados de agua.
“El cambio climático nos lleva a nuevos desafíos y a considerar medidas distintas, más allá de las acciones estructurales, es decir las financieras, que son menos costosas y flexibles y pueden ser útiles para enfrentar eventos a corto o largo plazos, como pueden ser las sequías”, señaló el investigador.
La Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LatinoSan) es una actividad que se realiza cada tres años, desde el 2007, con el propósito de posicionar la desinfección de flujos residuales o la deposición de excretas como prioridad en los países y contribuir a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Organización de las Naciones Unidas, relacionado con los compromisos de agua y saneamiento.