Washington.- El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un crédito de libre disponibilidad por US$500 millones para Ecuador, con el objetivo de apoyar los esfuerzos del gobierno para promover un desarrollo inclusivo, resiliente y bajo en carbono.
Este es el tercero de una serie de tres préstamos que se han desembolsado desde inicios del 2022. La primera operación, por US$700 millones, fue aprobada en febrero de 2022 y la segunda, por US$500 millones, fue aprobada en diciembre de 2022, dirigida a apoyar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores más vulnerables y promover un desarrollo bajo en carbono.
El nuevo crédito tiene dos pilares. El primero está orientado a apoyar reformas para fortalecer el marco fiscal al mejorar la estructura institucional para abordar los desafíos relacionados con el cambio climático, incluida la gobernanza para la emisión de bonos verdes y la cuantificación del riesgo fiscal en los proyectos de alianzas público-privadas. Este pilar también respalda las reformas para fomentar la inclusión social y la resiliencia promoviendo la atención oportuna en los servicios públicos que contribuya a combatir la desnutrición y fomentando la paridad de género en la economía en general, incluido el sector eléctrico.
El segundo pilar incluye acciones para promover un desarrollo bajo en carbono. Las medidas buscan priorizar acciones de mitigación para ayudar a integrar clima y desarrollo con el fin de promover el crecimiento verde y la movilización de capital privado.
Estas reformas se enfocan en mitigar el cambio climático con el potencial de apuntalar una recuperación económica verde y resiliente mediante la promoción de la inversión privada, fomentando una mayor eficiencia energética, apoyando el desarrollo de mecanismos voluntarios de compensación de carbono y promoviendo una gestión forestal sostenible.
Los resultados esperados de las políticas apoyadas por esta operación incluyen, entre otros, la identificación de proyectos elegibles a ser financiados con la emisión de bonos verdes, un mayor alcance de los servicios públicos destinados a reducir la desnutrición, mayores inversiones en generación eléctrica renovable no convencional y reducir las pérdidas de bosques. Se espera que estos cambios estructurales fomenten el potencial de crecimiento, protejan a la población vulnerable, y preparen a la economía para afrontar los desafíos asociados al cambio climático.