Como hace más de una década, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) participará como Observador de la Sociedad Civil en la Conferencia de las Partes (COP 28) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) -a realizarse en Dubai del 1 al 11 de diciembre-, con el objetivo de seguir impulsando la reducción de emisiones de metano (CH4) y la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables.
Asimismo, continuará dando seguimiento a los temas relacionados con alcanzar una transición energética justa y con la protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
La mitigación de emisiones de metano se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de trabajo de la CMNUCC, toda vez que los científicos del clima han identificado ésta como una de las vías más efectivas para frenar el calentamiento global. Y es que, a diferencia del dióxido de carbono (CO2) que puede permanecer siglos en la atmósfera, el metano es otro Gas Efecto Invernadero (GEI) que si bien tiene un potencial de calentamiento entre 84 y 86 veces al CO2, en un periodo de 20 años, únicamente permanece en la atmósfera un promedio de 12 años.
Durante la COP 26 que se celebró en Glasgow, Escocia, México se adhirió al Compromiso Global de Metano, una iniciativa impulsada por la Unión Europea y Estados Unidos para reducir las emisiones globales de metano antropogénico al 2030 en un 30% por debajo de los niveles registrados en el año 2020.
Además, según el reporte Global Methane Tracker 2022 de la Agencia Internacional de Energía, México es uno de los diez principales emisores de metano a nivel global. En ese sentido, es imperante vigilar que la regulación que existe en nuestro país para reducir las emisiones de metano sea aplicada, sobre todo porque la implementación efectiva de esta normatividad puede contribuir a que se cumplan los objetivos de reducción de emisiones. En este mismo sentido, resulta fundamental contar con información pública que nos permita conocer el nivel de cumplimiento de dichas regulaciones.
Gustavo Alanis Ortega, director ejecutivo de CEMDA, recordó que el año pasado, México elevó su ambición climática y se comprometió a reducir el 35% de sus emisiones de GEI para el año 2030. “Seguiremos de cerca los avances que el gobierno mexicano reporte a la Convención Marco para cumplir las metas de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Durante esta Administración Federal, México ha tenido una política climática regresiva ya que se ha desincentivado la transición hacia energías renovables y apostado por los combustibles fósiles”.
Alanis Ortega añadió que “El presupuesto federal aprobado para el 2024 desdeña la importancia de asignar recursos para mitigación y adaptación a la crisis climática. La mayoría de los recursos que deberían canalizarse a esto se dirigirán hacia megaproyectos como el Tren Maya y la construcción de gasoductos”.
En términos generales, las expectativas para esta COP 28 se centran en aspectos como: 1) El balance mundial que se presentará sobre los avances alcanzados hasta el momento desde la firma, en 2015, del Acuerdo de París; 2) La intención de acelerar la transición energética, planteándose triplicar la capacidad renovable global para el año 2030; 3) La puesta en marcha del Fondo para Pérdidas y Daños, el cual busca brindar apoyo para que los países del sur global puedan hacer frente a los impactos resultantes de los efectos adversos del cambio climático; 4) El objetivo de resaltar el vínculo existente entre cambio climático y salud, poniendo en el centro a las personas y las diversas afectaciones que el calentamiento del planeta ya está ocasionando a la población en diversas regiones del mundo.
Después del huracán Otis en Guerrero, hay muchas lecciones de las cuales México debe de aprender, siendo una de ellas el que estos fenómenos naturales son en buena medida producto del cambio climático global al cual nuestro país es altamente vulnerable. Tomando esto en consideración, se le debe de dar prioridad a la agenda climática nacional e invertir los recursos suficientes y necesarios para implementar medidas de mitigación y adaptación que nos permitan hacer frente de manera adecuada a estos fenómenos que cada vez serán más recurrentes y más extremos.