México.-“Los medios tradicionales con los que estamos tratando de lograr un mundo sustentable no han sido del todo eficaces, es cierto que tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al cuidado del medio ambiente, pero estos mecanismos jurídicos no han acabado de desarrollarse de la mejor manera posible”, enfatizó José Ramón Cossío, integrante de El Colegio Nacional, al dar inicio el 23 de octubre a la mesa Nuevas formas jurídicas para la sustentabilidad que forma parte del 5.º Encuentro Libertad por el Saber ¿Cuál desarrollo para un planeta saludable?
El jurista mexicano, quien fue moderador de la sesión, aseguró que el mundo enfrenta una situación confusa acerca de la legitimación de los procesos para ver de quién pueden ser los bienes naturales, cómo se pueden proteger y qué puede remediarse. “Hay soluciones interesantes como la sentencia de la India que dotó de personalidad jurídica a todo el entorno del Himalaya para que pudiera ser protegido”.
Agregó que si se considera al derecho como el conjunto de normas que están establecidas y se mira con ojos más imaginativos, más inteligentes y más profundos, la sociedad se dará cuenta que en él puede estar la solución.
“Necesitamos voltear a ver al derecho de forma innovadora. Se debe pensar en cómo utilizamos la economía del mercado, cómo utilizamos la tecnología, cómo utilizamos las herramientas y cómo las hacemos derecho para que desde el derecho y todas sus posibilidades funcionales logremos dar un tipo de resultado”.
Por su parte, la abogada fundadora del Despacho Álvarez Alcalá, Alil Álvarez Alcalá, comentó que el sistema legal y los impuestos son una herramienta muy poderosa porque generan incentivos muy importantes a los agentes económicos de cualquier realidad social o economía.
Explicó que los impuestos en materia ambiental se engloban en lo que se conoce como impuestos pigouvianos, que se llaman así por el economista inglés Arthur Cecil Pigou, quien señala que los impuestos pueden ser una herramienta para corregir ciertas fallas del mercado que tienen que ver con externalidades negativas.
“En la materia que nos ocupa existen dos de estos impuestos: el primero es que el costo privado de determinadas actividades es menor al costo social, el ejemplo típico es cuando manejamos el coche a la oficina, esa acción tiene un costo de gasolina y genera un impacto ambiental y ese impacto ambiental que es el costo social no está internalizado en el costo privado, entonces tiendo a consumir más de esa actividad de la socialmente deseable”.
El segundo impuesto tiene que ver con la apropiación, es decir todo aquello relacionado con la explotación forestal, la pesca o la agricultura. Si una persona se apropia de determinado bien, limita las posibilidades presentes y futuras de que otras lo hagan o lo utilicen. “La teoría tradicional económica indica que estas dos externalidades y sus fallas del mercado se pueden corregir con impuestos”.
En palabras de la abogada, para que funcione bien esta teoría los impuestos, además de ser recaudados, tienen que ser destinados a un gasto público efectivo, eficiente y pertinente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseguró que todas las economías del mundo tienen mucho menos impuestos ambientales de los que deberían tener.
“Otro problema que hemos enfrentado con los impuestos ambientales son los beneficios fiscales o los subsidios que se han ido utilizando sin necesariamente compaginarlos con los impuestos ambientales, entonces de nada sirve que se genere un sobreprecio a determinada actividad, por ejemplo, a cierto tipo de agricultura en la que se utilizan muchos plaguicidas, si de la mano se generan subsidios a cierto tipo de productos que generan mucho impacto ambiental”.
Enfatizó que se debe retomar la utilización de los impuestos como una herramienta poderosa para aumentar el precio de determinados bienes y actividades, “México ha ido muy lento en lo que a impuestos ambientales se refiere y pareciera que las últimas fechas vamos más lento aún. Los impuestos ambientales nos ofrecen una oportunidad única de recomponer nuestra base tributaria, intentar movernos, gravar actividades como la generación de contaminación. Me parece que es muy poderoso el sistema tributario para modificar la forma en la que actúan los individuos”.
Al tomar la palabra, el economista y abogado José Francisco Ursúa comentó que existe una endogeneidad importante entre el mundo jurídico, el mundo económico y el financiero, esta palabra se refiere a la mutua interacción entre dos áreas o variables que generan un resultado que no es independiente de cada una. “Yo creo que ponerle atención a ese tipo de interacciones es particularmente importante en el tema del cambio climático y los riesgos ambientales que enfrenta México y el mundo en general”.
Describió cuatro factores de cambio que pueden ser eficaces en esta materia: el primero son las preferencias de la sociedad con respecto a la situación y a la percepción de recursos ambientales. En Estados Unidos el centro de investigaciones Pew Research Center presentó resultados sobre lo que la gente del mundo opina en esta materia, en Europa y en algunos sectores de Estados Unidos y las respuestas van desde el 60 hasta el 85por ciento de la población que indica que los riesgos ambientales y el medio ambiente son su preocupación principal sobre cualquier otro tema de riesgos.
Agregó que el segundo factor es el entendimiento sobre los riesgos ambientales que la sociedad está viviendo y que está cambiando de manera favorable porque acomoda la ambigüedad que se enfrenta pero a la vez resalta su seriedad y cuestiona la situación precisa de los riesgos para tomar las medidas necesarias.
“El tercer factor es que la manera de invertir está cambiando. Existe una nueva conciencia por el lado de los inversionistas y por el lado de los ahorradores de cuál es el impacto ambiental que puede tener una empresa con la emisión de contaminantes y cómo se genera desigualdad o protección de minorías y privilegiados con ella. Con lo anterior, el gobierno corporativo, es decir el gobierno empresarial excluye algunas inversiones que puedan afectar al ambiente”.
El cuarto factor es que la manera de hacer política económica, que evoluciona de principios más antiguos a principios más modernos, muestra una interacción entre lo jurídico, lo económico y lo financiero. “Desde una perspectiva individual la gente no tiende a poner énfasis o a internalizar los costos que pueden tener sus propias acciones sobre los demás, ésa es una de las razones fundamentales por las que a través del derecho se pueden generar equilibrios mejores de aquellos a los que llegaríamos en ausencia de estas normas”.
Por su parte, el experto en regulación energética José María Lujambio enfatizó la impostergable necesidad de descarbonizar el modelo de desarrollo global, es decir que la economía pueda moverse en la medida de lo posible como se ha hecho y de manera más eficiente desde la Revolución industrial, pero sin la utilización de combustibles fósiles o tratando de ir reduciendo la permanencia de sus combustibles en la matriz energética.
El abogado expuso los incentivos y obstáculos regulatorios que el gobierno mexicano ha impuesto actualmente para aumentar la participación de las energías limpias en la matriz energética nacional. Aseguró que se trata de una historia que se remonta a 2008, cuando el Congreso estableció como una utilidad pública el aprovechamiento de las energías renovables en el marco de la estrategia Nacional de Transición Energética, lo que a su juicio fue lo más trascendental de la Reforma Energética.
Es verdaderamente una tragedia que estemos a inicios de esta década, que va a resultar clave para la transición energética, viviendo una política tan adversa hacia la transición energética, tan adversa hacia la descarbonización
“Lo que hizo el Estado mexicano fue establecer incentivos fiscales que pudieran ser instrumentados con creatividad y de manera más institucional por la Comisión Reguladora de Energía. Esos incentivos constituyeron realmente un subsidio implícito que resultó en el impulso para que inversionistas del sector eléctrico en proyectos de gran escala vinieran a México. Lo anterior fue el principal detonante del primer florecimiento de energía eólica en el país”.
En 2012 llegó la Ley del Cambio Climático en donde se estableció una meta ambiciosa de llegar al 35 por ciento de energías limpias para el 2024. “En ese año apenas se tenía un 20 por ciento, realmente la meta es ambiciosa y con ella cambió la terminología jurídica de lo que se promueve, ya no son las energías renovables, sino las limpias, porque lo que se promueve es el aprovechamiento de fuentes que no produzcan emisiones a la atmósfera más allá de sus características como recurso”.
En ese momento el país tenía una matriz de generación energética de 84% de fuentes fósiles y 16% de fuentes limpias, incluyendo 12% de hidroeléctricas y 1.7% de centrales eólicas. “Los transitorios de esta reforma energética ordenaron crear una nueva figura jurídica que fueron las obligaciones de energías limpias y ciertos certificados, como los Certificados de Energía Limpia (CEL), para cumplir con ellas, lo que expuso la necesidad de un desarrollo sustentable de energía eléctrica y de fomentar la diversificación y la seguridad energéticas”.
“¿Qué ha pasado en esta administración? la Secretaría de Energía (SENER) muestra aversión de que la empresa del Estado adquiera electricidad de terceros y con mayor razón si son extranjeros. El pasado 19 de octubre la SENER acordó modificar el criterio de los certificados CEL para que a partir de entonces no se otorgaran sólo a centrales eléctricas nuevas a fin de incentivarlas, sino también a aquellas que operan antes de la Reforma de 2014, básicamente a todas las centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo realmente de esta política fue que en el mediano plazo se inunde el mercado de certificados de energías limpias y por un simple efecto de exceso de oferta el precio se desplome”.
Aseguró que generadores de energías limpias, ONG ambientalistas y hasta la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), han alzado la voz en contra de este acuerdo y, en algunos casos, lo han impugnado con medios de control constitucional.
“Es verdaderamente una tragedia que estemos a inicios de esta década, que va a resultar clave para la transición energética, viviendo una política tan adversa hacia la transición energética, tan adversa hacia la descarbonización”.
“Creo que como sociedad debemos decidirnos activamente a seguir inventando nuevas y mejores herramientas para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarnos mejor a los mismos”, puntualizó.