Nueva iniciativa pretende frenar el impacto tóxico de la agricultura

Los plaguicidas peligrosos y los residuos plásticos de la agricultura liberan al medio ambiente contaminantes orgánicos persistentes tóxicos, que también dañan la salud humana, por tal razón se creo una iniciativa para evitar el uso de insumos nocivos en la producción de alimentos.

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James Baltz

Los gobiernos de Ecuador, Filipinas, India, Kenia, Laos, Uruguay y Vietnam se han unido para lanzar una iniciativa de 379 millones de dólares destinada a combatir la contaminación por el uso de pesticidas y plásticos en la agricultura.

Los productos químicos desempeñan un papel crucial en la agricultura, ya que cada año se utilizan casi 4,000 millones de toneladas de pesticidas y 12,000 millones de kg de plásticos agrícolas.

A pesar de sus beneficios para el rendimiento alimentario, estas sustancias químicas suponen riesgos importantes para la salud humana y el medio ambiente. Hasta 11,000 personas mueren anualmente por los efectos tóxicos de los pesticidas, y los residuos químicos pueden degradar los ecosistemas, disminuyendo la salud del suelo y la resistencia de los agricultores al cambio climático.

La quema abierta de plásticos agrícolas también contribuye a una crisis de contaminación atmosférica que causa una de cada nueve muertes en el mundo.

Los pesticidas altamente peligrosos y los plásticos agrícolas mal gestionados liberan contaminantes orgánicos persistentes (COP) tóxicos, sustancias químicas que no se descomponen en el medio ambiente y contaminan el aire, el agua y los alimentos. Estos insumos suelen ser más baratos que las alternativas sostenibles, por lo que los agricultores tienen pocos incentivos para adoptar mejores prácticas.

El Programa de Financiación para la Gestión y la Reducción de los Productos Agroquímicos (FARM), dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), pretende cambiar esta situación, elaborando argumentos comerciales para que los bancos y los responsables políticos reorienten las políticas y los recursos financieros hacia los agricultores, con el fin de ayudarles a adoptar alternativas poco o nada químicas a los productos agroquímicos tóxicos y facilitar la transición hacia mejores prácticas.

Según las previsiones, el programa quinquenal evitará que se liberen más de 51,000 toneladas de pesticidas peligrosos y más de 20,000 toneladas de residuos plásticos, al tiempo que evitará la emisión de 35,000 toneladas de dióxido de carbono y protegerá más de 3 millones de hectáreas de tierras de la degradación a medida que las explotaciones agrícolas y los agricultores adopten alternativas de bajo contenido químico y sin productos químicos.

Nuestro sistema agrícola actual depende de productos químicos nocivos, esto no es necesario. FARM ofrece un potente modelo alternativo, dotando a los agricultores de los conocimientos y recursos necesarios para la transición a prácticas sostenibles que salvaguarden nuestra salud y el medio ambiente, y que además aumenten el rendimiento y los beneficios", declaró Anil Sookdeo, Coordinador de Productos Químicos del FMAM.

Para ello, el programa FARM apoyará la regulación gubernamental para eliminar progresivamente los productos agroquímicos y los agroplásticos que contienen COP y adoptar mejores normas de gestión, al tiempo que reforzará los criterios bancarios, de seguros y de inversión para mejorar la disponibilidad de un control eficaz de las plagas, las alternativas de producción y el comercio de productos sostenibles.

La productividad y la seguridad alimentarias dependen de la identificación de mejores prácticas y alternativas más seguras a los plaguicidas altamente peligrosos", declaró Sheila Aggarwal-Khan, Directora de la División de Industria y Economía del PNUMA.

"La adopción es clave para ampliar estas alternativas. No hay otra opción real que una respuesta enérgica y coordinada a la crisis de la contaminación".

El acto de presentación de FARM reunió a representantes de los siete países, con más de 100 socios y partes interesadas directamente implicadas en el programa, incluidos bancos públicos y privados, responsables políticos, cooperativas de agricultores, fabricantes de productos agroquímicos y plásticos, organizaciones internacionales, la sociedad civil, el mundo académico y minoristas.

Supone un paso adelante en los esfuerzos de colaboración entre gobiernos, instituciones financieras, agricultores y fabricantes para combatir la contaminación agrícola, allanando el camino hacia un sistema alimentario más equitativo y resistente.

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