Davos, Suiza.- Para descarbonizar las cadenas de suministro y alcanzar los objetivos de 2030 son necesarias una serie de reformas urgentes en los precios del carbono, los aranceles a la importación y las cuestiones reglamentarias, afirmó Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General de la Organización Mundial del Comercio, en su intervención en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial.
"Dado que los países tienden a imponer aranceles más altos a los productos acabados relativamente limpios, pero aranceles más bajos a los insumos y productos intermedios, a menudo más contaminantes, la política comercial favorece a los productos más sucios, lo que supone una subvención implícita a la producción de CO2 de entre 550 mil y 800 mil millones de dólares al año", afirmó. La eliminación de este sesgo, añadió, reduciría las emisiones mundiales de carbono en un 3.6%, al tiempo que aumentaría la renta mundial en un 0.65%.
Existen al menos 70 sistemas de fijación de precios del carbono en todo el mundo, lo que genera incertidumbre y preocupación por la competitividad. La OMC está trabajando con el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional para racionalizar la tarificación del carbono. "Sigo convencida de que un marco mundial común para la fijación de los precios del carbono proporcionaría seguridad a las empresas y previsibilidad a los países en desarrollo", declaró Okonjo-Iweala.
Las empresas están ansiosas por impulsar tecnologías ecológicas de vanguardia, pero siguen atadas a la burocracia y la inercia de los gobiernos. "Nos atrevemos a asumir riesgos, y eso es muy importante", afirmó Nicholas Martensson, Consejero Delegado de la compañía sueca de transbordadores Stena Line. En el puerto de Gothenberg, Stena y la empresa de camiones Scania colaboran para electrificar las operaciones. "Pero no tenemos suficiente electricidad verde para ponerlo en práctica", dijo Martensson, y añadió: "El Gobierno tiene que hacer algo".
El puerto de Amberes está experimentando con el primer remolcador del mundo propulsado por hidrógeno, que se inaugurará en unas semanas. Pero la obtención de permisos para construir infraestructuras ecológicas vitales en tierra está obstaculizando los avances.
"Los permisos y la planificación, sobre todo en la UE, se están convirtiendo en una auténtica pesadilla", afirma Jacques Vandermeiren, Director General del Puerto de Amberes-Bruges. Según él, se tarda ocho años en obtener un permiso para construir una línea eléctrica de alta tensión. "Pero si queremos reducir a la mitad las emisiones de CO2 para 2030, eso es en siete años", señaló, preguntándose: "¿Dónde está el sentido de la urgencia?".
Panamá es uno de los pocos países con emisiones de carbono negativas y el 82% de su consumo energético procederá de energías renovables en 2022. Ha nombrado a José Alejandro Rojas Ministro de Facilitación de la Inversión Privada, con la misión de reducir la burocracia y agilizar los procesos de concesión de permisos.
Pero los gobiernos necesitan señales claras de la industria y las organizaciones internacionales sobre la dirección a seguir. "Tenemos que construir infraestructuras sin estar seguros de hacia dónde nos dirigimos; es muy difícil si nos movemos en tiempos diferentes", dijo Rojas.
La fundación sin ánimo de lucro ClimateWorks lanzó recientemente el fondo LEAP en el marco de su campaña impulsada por la filantropía Drive Electric para conceder subvenciones por valor de un millón de dólares con el fin de ayudar a 10 proyectos de vehículos eléctricos en África, América Latina y el Sudeste Asiático a dar el salto a la transición hacia una economía baja en carbono. La Directora General de la Fundación, Helen Mountford, pidió a los bancos multilaterales de desarrollo que hicieran más.
"Un estudio reciente sobre las inversiones del Banco Mundial en el sector del transporte público reveló que menos del 2% se destina a vehículos de emisiones cero, mientras que más del 60% se destina a infraestructuras y desarrollo basados en combustibles fósiles", afirmó.